- Además de la pena privativa de la libertad, el sentenciado fue condenado al pago de la reparación del daño a favor de las víctimas.
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A 31 DE JULIO DE 2026.- Como resultado de la investigación y el trabajo jurídico realizado por la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, se obtuvo una sentencia condenatoria de 56 años y 3 meses de prisión en contra de Álvaro Daniel “N”, por los delitos de homicidio calificado con premeditación y ventaja, así como homicidio calificado con premeditación y ventaja en grado de tentativa.
De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron la noche del 18 de julio de 2019, entre las 21:00 y las 22:00 horas, cuando el sentenciado, en compañía de otros sujetos, trasladó a dos víctimas a bordo de una camioneta Jeep Cherokee de color blanco hasta la colonia Revolución.
En ese lugar, una de las víctimas fue obligada a descender del vehículo e intentó huir; sin embargo, uno de los agresores le disparó por la espalda con un arma de fuego, causándole lesiones que le provocaron la muerte. Posteriormente, Álvaro Daniel “N” bajó del vehículo a la segunda víctima, la derribó al suelo y, con la intención de privarla de la vida, le disparó con un arma de fuego. Al creer que ambas víctimas habían fallecido, los agresores huyeron del lugar.
Con base en los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público, el órgano jurisdiccional dictó sentencia condenatoria en contra de Álvaro Daniel “N”, imponiéndole una pena de 56 años y 3 meses de prisión por los delitos de homicidio calificado con premeditación y ventaja, así como homicidio calificado con premeditación y ventaja en grado de tentativa.
Asimismo, fue condenado al pago de la reparación del daño por la cantidad de 493 mil 341 pesos en relación al occiso y de 66 mil 822 pesos a favor de la víctima sobreviviente.
La Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso de integrar investigaciones sólidas y procurar que quienes atenten contra la vida enfrenten las consecuencias legales de sus actos, garantizando justicia para las víctimas y sus familias.
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