- Combatir el lavado de dinero es fundamental, pero requiere eficiencia regulatoria,
proporcionalidad jurídica y realismo operativo. - Modificar la LFPIORPI sin gradualidad ni incentivos, amenaza la operación de miles
de negocios formales.
En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), reconocemos la
importancia de fortalecer el marco normativo en la prevención del lavado de dinero y coincidimos
en la necesidad de asegurar la transparencia financiera conforme a estándares internacionales.
No obstante, advertimos que la Minuta de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), recibida en Diputados y que se
analizará en Comisiones, podría afectar la operación diaria de las empresas, especialmente de
las MiPyMEs, que representan el 99% del entramado productivo nacional.
Nuestra inquietud se centra en la sobrerregulación que implica esta reforma, al ampliar
significativamente las obligaciones para quienes realizan actividades vulnerables. Estas
modificaciones exigen a las empresas identificar y conocer a todos sus clientes mediante
documentación oficial y, en el caso de personas morales, recabar información detallada sobre
los beneficiarios.
Además, obliga a monitorear y avisar operaciones, lo que amplía el universo de transacciones
sujetas a fiscalización por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Aunado a ello,
prevalece la restricción al efectivo, situación que no refleja la realidad del país, con relación a la
falta de bancarización de muchos clientes.
La implementación de esta iniciativa implicaría una inversión significativa en infraestructura
tecnológica, capacitación constante del personal y contratación de servicios externos para
garantizar la ejecución. Para muchos negocios, especialmente los de menor tamaño, esto
representa una carga económica difícil de absorber. El desarrollo o adquisición de sistemas
capaces de identificar operaciones que no sean conforme al perfil transaccional y generar avisos
en los formatos requeridos por la autoridad, necesita recursos que no están al alcance de todos.
Adicionalmente, las multas podrían alcanzar más de 7.3 millones de pesos, o incluso montos
equivalentes al 100% de la operación. La eliminación del requisito de demostrar dolo en algunos
casos abre la puerta a responsabilidades penales automáticas.
Reiteramos que la integridad financiera y la reputación global de las empresas mexicanas son
fundamentales. Sin embargo, para que cualquier norma sea efectiva, requiere acompañamiento
técnico, gradualidad y sensibilidad al entorno empresarial. Muchas unidades económicas
registradas como actividades vulnerables aún no cumplen totalmente con la LFPIORPI. La
propuesta, lejos de mejorar el cumplimiento, podría fomentar la informalidad o provocar cierres
de negocios.
Llamamos a los legisladores integrantes de la Cámara de Diputados para que dentro del proceso
de análisis y discusión se tomen en consideración el diálogo, la evidencia y la responsabilidad.
Proponemos un modelo proporcional, escalonado y con incentivos que facilite el cumplimiento,
especialmente para las MiPyMEs. Compartimos el objetivo de prevenir el lavado de dinero, pero
no a costa de la viabilidad empresarial. México exige instituciones sólidas, normas efectivas y
una regulación inteligente que no frene el desarrollo productivo ni castigue a quienes generan
empleo.
